80 años después: el peso de la violencia simbólica

FosaComun

Los símbolos han sido un instrumento clave en la manipulación ideológica y para justificar la violencia contra cualquier disidencia. 80 años después, siguen siendo mecanismos de legitimación de la realidad impuesta tras el golpe. Así lo hicieron con la laureada o el crucifijo, y especialmente con el monumento a los Caídos, mausoleo de Mola, Sanjurjo y el golpismo carlista.

En relación con el relato de la limpieza política registrada en Navarra en 1936-1937, las instituciones públicas (Gobierno y Parlamento) parecen empeñarse en no querer superar un relato limitado a la memoria de las víctimas, como si los causantes de su dolor fueran espectros invisibles. La exposición del Opus Dei sobre la Guerra Civil lo refleja muy bien, por tratarse de un atentado premeditado y alevoso contra quienes en Navarra sufrieron una barbarie jamás conocida por esas tierras. Como si su muerte fuera casual, y no por culpa de unos asesinos bien concretos.

Lamentablemente, los actos que se organizan desde el nuevo Gobierno de Navarra tampoco suelen ir más allá, marginando lo que debería ser imperativo: el debate público mediante la confrontación de relatos plurales buscando una narración integral. Un relato que hablase de la magnitud de lo sucedido, de las personas asesinadas, violadas, ultrajadas…, de las características formales de los crímenes cometidos, de los victimarios, y, por supuesto, de sus consecuencias sociales, económicas y políticas. ¿Para qué? Para que la sociedad navarra se enfrente a aquellos años sin miedo, con madurez y responsabilidad. Hablemos con claridad. Los herederos ideológicos de los golpistas no son responsables directos de aquellos asesinatos, pero sí son responsables morales si no los condenan mientras mantienen su obscena equidistancia interpretativa.

No deja de ser chocante que la única iniciativa debatida en el Parlamento de Navarra acerca del tema que estamos comentando fuera una moción de UPN presentada a principios del mes de junio y que fue rechazada de plano por todos los grupos a excepción del PP y UPN. Su exposición de motivos olvidaba algo fundamental: no mencionaba ninguno de los extremos relacionados con la magnitud y características de la limpieza política desarrollada por el bando golpista en Navarra en contra de los partidos de izquierda. No se ponderaba el hecho de que la violencia política registrada en suelo navarro fue unilateral, dirigida desde el bando golpista contra los simpatizantes y militantes de los partidos que permanecieron fieles al gobierno republicano. Tampoco subrayaba la magnitud de los muertos y quiénes fueron sus victimarios.

El relato que sostiene la derecha sobre la limpieza política registrada en Navarra relativiza la tragedia. Desprecia las últimas contribuciones hechas desde la historiografía y no asume una política de memoria incluyente y plural, basada en la reclamación de las víctimas: “verdad, justicia y reparación”.

Tampoco es aceptable su pretensión de mezclar diferentes tipos de víctimas, tal y como se hacía en los puntos 2, 3 y 4 de aquella intervención. UPN planteaba conformar un depósito de víctimas de procedencia diversa. Piadosa intención. En realidad, su finalidad era lo contrario de lo que se pretendía: ocultar la dramática limpieza política que padeció la izquierda en Navarra. E, independientemente del reconocimiento que puedan tener otro tipo de víctimas -navarros asesinados en la retaguardia republicana y que recibieron honores durante el franquismo y por parte de la Iglesia católica; o las víctimas de los bombardeos que la aviación republicana realizó sobre Navarra, sobre todo en Tudela-, están las víctimas de la salvaje limpieza política llevada a cabo por el bando golpista. Y este hecho no puede minimizarse mediante subterfugio alguno.

Debe realizarse de forma diferenciada y debe ser enfocada desde una perspectiva distinta. No son hechos equidistantes. No es lo mismo morir en el frente que en una cuneta o en una tapia.

Consideramos que la gestión de la memoria de aquella violencia política también debe atender a los asesinados en otras provincias, realizada por agentes y responsables navarros. Por ejemplo, en la desarrollada en Gipuzkoa o Bizkaia tuvieron gran responsabilidad insignes falangistas y requetés navarros. La documentación sobre las andanzas criminales de Lucio Arrieta o Benito Santesteban está perfectamente documentada.

En el punto 5, UPN planteaba la promoción del conocimiento y reconocimiento de personas y/o autoridades que trabajaron antes, durante la guerra y postguerra para evitar asesinatos, represalias y favorecer la convivencia y reconciliación. Ignoramos en qué personas están pensando los autores de esta moción. Desde luego, las aportaciones más recientes han demostrado que los familiares de los asesinados tuvieron que vivir su dolor y su sufrimiento en la más completa soledad y miseria. Fueron poquísimas las personas socialmente relevantes que las apoyaron en la labor de localización de sus restos y de inscripción oficial de su fallecimiento en los juzgados. Mucho más meritoria fue la actividad en pro de una memoria temprana llevada a cabo por la propia izquierda y por el nacionalismo vasco desde el exilio, confeccionando los primeros listados de asesinados en 1940 y 1946. Tampoco hay que olvidar que el Consejo de Navarra en el exilio abogó por una política de justicia restauradora, por la que se enumerase e identificase a los asesinados, pero que también se castigara a los responsables y a los asesinos.

El punto sexto de la moción pedía que se destacaran aquellos pueblos navarros donde no hubo fusilados. Por un lado, resulta obvio que hubo pueblos donde no hubo asesinatos de población considerada desafecta al bando golpista. ¿Por qué? Porque no existía. Lo trágico sería que se produjeran asesinatos en pueblos donde la izquierda registró el apoyo de una minoría marginal, demostrándose así que la maquinaria de la persecución fue gravísima, dibujada con premeditación y alevosía por sus ejecutores. Por otra parte, el hecho de que incluso en la Ribera se dieran niveles diferentes en la magnitud de la limpieza política demuestra que ésta fue medida y regulada por la voluntad de los represores. De cualquier forma, conviene no olvidar que en la Ribera la persecución al izquierdista fue absoluta y abominable, como el ejemplo de imponer la colocación de brazaletes a los simpatizantes de la izquierda.

Por último, en relación con el punto siete, animamos a los poderes públicos de Navarra para que apuesten por la confección de un relato completo e integral, corrigiéndose las carencias observadas hasta ahora, de forma que se reconstruyan las ominosas características de la limpieza política desarrollada por el bando golpista y se definan sus agentes responsables. Nos gustaría que los poderes públicos promovieran una política de acceso a los documentos, permitiendo la consulta de fondos hasta ahora inaccesibles o que carecen de una descripción adecuada como los fondos militares del Ejército y de la Guardia Civil, y limando las reticencias de ciertos secretarios municipales que interpretan de modo torticero el derecho a la protección de los datos personales y del honor a la intimidad en documentos de hace más de 70 años.

80 años después, la violencia simbólica inherente al relato parcial de quienes se niegan a asumir la integridad de los hechos todavía se mantiene en pie. Y no es la mencionada moción de UPN la única de sus manifestaciones.

En representación del Ateneo Basilio Lacort, Fernando Mikelarena, Víctor Moreno, José Ramón Urtasun, Pablo Ibáñez, Carlos Martínez, Txema Arana

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