‘Representacionitis’

2015-9-27-reflexionando-laicismo

Dice la Constitución: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” (Artículo 16.3). No parece una frase complicada. Sujeto, verbo y predicado. Sin embargo, visto el comportamiento de ciertas autoridades políticas, parece que la oración es más compleja que una coma de laFenomenología del Espíritu de Hegel. Inaudito que personas con carreras universitarias, máster y doctorados varios, tengan tanta dificultad para comprenderla. Porque, si de algo se enorgullecieron quienes redactaron el texto constitucional, fue de su claridad y exactitud conceptuales. Lo habitual en cualquier código normativo y regulativo, escrito para la universal comprensión de las gentes. Pues una normativa solo inteligible para quienes la redactasen sería la cosa más absurda. Como incomprensible es que quienes escriben estas leyes sean los primeros en no cumplir su ordenamiento.

Pues ya ven, ni el jefe del Gobierno, ni sus ministros, ni presidentes de comunidades autónomas, ni sus consejeros, ni, tampoco, alcaldes de ciertos pueblos y ciudades, han dado hasta la fecha pruebas inequívocas de haber comprendido la frase de marras. Y de los militares, mejor no hablar. Hay quien piensa que, quizás, la frase se haya llenado de un contenido que quienes la redactaron en primera instancia no repararon en sus consecuencias pragmáticas. O, también, que ningún político llegaría a tomársela en serio como así ocurre con numerosos artículos constitucionales. Tanto que ha llegado un momento en que ciertos políticos de hoy consideran que lo mejor sería borrarla de la Constitución. Argumentan que, para el caso que le hacen en la práctica, sería lo mejor… para ellos. Otros, ante el cariz que ha tomado el asunto, piensan que, más que un problema de incomprensión lectora o de exégesis interpretativa, nos encontramos ante una enfermedad política contra la que, de momento, no hay fármaco que atempere su fiebre y, menos aún, erradique su contagio. Añaden que su cuadro clínico se observa por igual en las izquierdas como en las derechas. Que se trata de una enfermedad, más que cíclica sistémica, padeciéndola por igual políticos de Bildu que UPN, del PP como Ciudadanos. ¿Y de Podemos? Digamos que parecen estar en cuarentena. Pues sus militantes tan pronto dan una de cal como otra de arena confesional.

Esta enfermedad se conoce con el nombre de representacionitis, aunque hay gente que prefiere llamarla usurpacionitis. Los expertos la describen como un tipo de inflamación a la que se ve sometido el yo de quien se considera representante de las ideas y sentimientos, necesidades e intereses de los demás, a pesar de que estos no hayan cedido a nadie dicha representación. Uno de los síntomas más alarmantes de esta hipertrofia del yo la padecen algunos alcaldes, que les impele casi como fuerza irresistible a asistir a procesiones y liturgias de carácter confesional católico en honor de un santo patrono, haciéndolo, además, en cuerpo de ciudad. Algunos, tan ingenuos como voluntariosos, llevan tiempo buscando la posible cura de esta enfermedad, pero no han encontrado su antídoto. No es fácil, porque, entre que muchos de sus enfermos se resisten bravamente a curarse y a reconocer que están cometiendo un error de perspectiva garrafal, el virus sigue ahí, horadándoles los ectoplasmas de su racionalidad.

Hay quien señala que lo que estos enfermos necesitan es una buena inyección de realismo, ya que el fondo patógeno de su neura tiene que ver con su delirio de grandeza, carente de cualquier base empírica. Si aquel rey francés se creía que el Estado era él, estos políticos se creen el mismo disparate, pues vienen a proclamar que ellos son la representación genuina de la sociedad. Y es que la alucinación más común que sufren estos políticos se da, precisamente, cuando se creen que son representantes de la ciudadanía, cuando no son más que largas manos del Estado y, por derivación, de un gobierno nacional o ayuntamiento local.

Además, la enfermedad que padecen les ha hecho olvidar que representan a instituciones del Estado que son no confesionales, pero no representan a los ciudadanos, que constituyen un paisaje caótico y plural donde, como en botica, hay de todo: ateos, deístas, teístas, agnósticos, judíos, musulmanes, protestantes, mormones, testigos de Jehová, católicos y otros compuestos de creyentes cuya lista sería interminable de citar.

Quienes padecen la enfermedad de la representacionitis han olvidado que los ciudadanos se bastan a sí mismos para presentarse y representarse en cualquier ámbito de la vida, sea de la naturaleza que sea. Aunque les cueste, dada la hipertrofia de su ego, los políticos deben acepar que ni ideológica, ni política, ni social, ni económica, ni religiosamente, pueden ocupar mediante representación alguna el lugar identitario de los demás. Ser político no confiere ese plus aunque muchos piensen que sí.

Ningún individuo representa la pluralidad de la sociedad aunque este sujeto sea jefe de gobierno, presidente de una nacionalidad histórica o alcalde de una ciudad con patronos ilustrísimos. Solo los dictadores se han atrevido a tanto. Los políticos solo representan al Estado, pero el Estado no son los ciudadanos. Y si el Estado es no confesional, sus instituciones como los ayuntamientos y las escuelas, los hospitales y los cementerios públicos, también lo son. Una autoridad política, caso del alcalde de Pamplona, que asiste a una procesión religiosa, incumple su deber constitucional como representante no confesional de dicho Estado. Es incongruente. El delito que está cometiendo va contra la propia naturaleza no confesional del Estado, por el que ha sido nombrada autoridad política. Está poniendo su autoridad política al servicio de la sacralización confesional de un acto aunque este sea tan anodino como una procesión o la bendición de unas piscinas públicas.

Llegados a este punto, nos avenimos a reconocer que tendrían que ser las propias autoridades del Estado quienes llamaran a capítulo constitucional cuando un alcalde o similar conculcase una normativa estatal, esa que, precisamente, pretende respetar la pluralidad confesional y no confesional de la ciudadanía. Seguro que, en cuanto esas autoridades judiciales actuasen, alcaldes y demás poderes estatales dejarían definitivamente de padecer esa enfermedad egocéntrica de la representacionitis; y, de paso, dejar de hacer una y otra vez el paripé, jurando sus cargos en vano ante un crucifijo o una Biblia abierta en el capítulo en que las hijas de Lot emborrachan a su padre.

Claro que, a la vista de que ningún juez haya llamado a declarar a un alcalde acusado por asistir a una procesión religiosa disfrazado en cuerpo de ciudad, contraviniendo el artículo referido de la Constitución, lo más probable será que sigamos padeciendo dicha enfermedad hasta el próximo milenio. Así que, por si cuela la proposición, digamos que una manera de salir de esta insufrible peste sería transformar dicho artículo constitucional en un artículo del Código Penal, adquiriendo esta posible formalidad expresiva: “Toda autoridad política que ridiculice con su comportamiento confesional el artículo 16.3 de la Constitución será cesado inmediatamente en su cargo. No lo merece”.

Lógico. Si un alcalde es una autoridad política que debe defender el carácter no confesional del Estado al que representa y, cada dos por tres, hace caso omiso de dicha cualidad intrínseca, asistiendo a procesiones, misas y demás liturgias confesionales, o una de dos, o es que se está haciendo el loco, o es que nos está tomando el pelo a los demás ciudadanos de un modo escandaloso.

Firman este artículo: Víctor Moreno, Pablo Ibáñez, Fernando Mikelarena, José Ramón Urtasun, Carlos Martínez, Txema Aranaz, del Ateneo Basilio Lacort

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