BANALIZACIÓN, NEGACIÓN, TERGIVERSACIÓN

 

Las últimas semanas han sido testigo de diversas lecturas confrontadas sobre diferentes aspectos relacionados con la memoria de la mayor tragedia vivida en la historia contemporánea de Navarra: la sangrienta limpieza política ejecutada por el bando golpista a partir de julio de 1936 contra la República. Los más de tres mil asesinados en Navarra, en un 99 por ciento de partidos y sindicatos de izquierda, es una cifra terrible, pero lo es mucho más en números relativos, pues resulta que fue ejecutado uno de cada seis votantes masculinos al Frente Popular. La cifra más alta del Estado. Y ello sin que existiera frente de guerra, sino retaguardia bajo control de los golpistas desde el minuto uno. Que en Álava, con un ecosistema político similar y donde también imperó el bando de Mola, el número de asesinados, y su proporción, fuese muchísimo menor, denota la especial virulencia de la represión en Navarra. Sin olvidar otros aspectos, como el elevadísimo número de encarcelamientos.

En la polémica sobre los contenidos del Museo del Carlismo de Estella subyacen las diferentes valoraciones en el presente de lo sucedido en 1936, situación idéntica a la polémica sobre el Monumento a los Caídos. Ambas están mucho más entrecruzadas de lo que se pueda pensar a primera vista, pues se sostienen en los mismos propósitos del franquismo en el que ambos proyectos se sustentan. Dice uno de estos propagandistas exculpatorios que nada tienen que ver, y pone como prueba que no ha existido ningún pronunciamiento del Partido Carlista o de sus militantes sobre los Caídos. Cuando es, precisamente, ese silencio calculado el que los pone en evidencia.

No incluyen lo relativo a aquella limpieza política en los contenidos expositivos del citado museo, y coinciden con uno de los fines esenciales perseguidos por el monumento a los Caídos: negar, eliminar y borrar la memoria de lo acaecido desde el derecho de las víctimas y sus familiares, y de lo que establecen las Leyes de Memoria.

Propósito que resulta coherente con el proyecto de mantener los Caídos como espacio cultural, sin ninguna alusión a lo acaecido en 1936-1939, que proponen un conjunto de firmas, apoyados por el periódico de Garcilaso, mayoritariamente relacionadas con la derecha regionalista, algunos de ellos con familiares notoriamente ubicados entonces. Llama la atención que en su manifiesto utilicen la palabra reconciliación cuando en el mismo no consideran ni los asesinatos cometidos, ni los cientos de desaparecidos hoy en cunetas, ni el significado insultante que el monumento tiene para las víctimas. Su Museo de la Ciudad obvia las obligaciones que marcan las leyes sobre verdad, justicia y reparación.

Los carlistas niegan o relativizan con descaro la participación de los suyos en los crímenes cometidos, basándose en relatos escapistas y negacionistas difundidos en publicaciones que se encargan de presentar con la vitola académica, la misma que, ¡casualidad!, utilizan en el Parlamento bancadas enfrentadas. Un relato que se empeña en no mencionar la dimensión numérica de lo sucedido y en excluir numerosos testimonios y documentos incriminatorios del papel activo de los requetés. Documentación que ignoran con la mayor desvergüenza, dando por bueno que no fue expurgada la raquítica que dejaron de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra. Argucia falaz si pensamos, por ejemplo, que el secretario de la Junta sería después secretario de la Diputación Foral durante la mayor parte del franquismo.

Para nada se habla de las estrechísimas relaciones de aquella Junta Central con Mola y con las élites económicas navarras; de la labor de Marcelino Ulíbarri, miembro de la misma y auténtico experto en la eliminación de los desafectos; de la colaboración de numerosos requetés en tareas represoras cotidianas; y de la actuación de los escuadrones de la muerte conducidos por Ezcurra, Santesteban y Munárriz. Incluso alguno, con lenguaje de matón, ha justificado que en Navarra hubo tantos muertos “porque había una guerra” y “a río revuelto ganancia de pescadores”, porque “una guerra revuelve mucho” (¿!). Como si la represión en Navarra no hubiese sido desde el inicio una sangrienta purga ejemplarizante. Un rebuzno chulesco que no esconde lo que sus correligionarios con triquiñuelas exculpatorias. Al fin y al cabo, son argumentos que coinciden con los que en P’alante expone la Hermandad carlista de Caballeros Voluntarios de la Cruz. Todos salen de la misma cripta. Esa que Carlos Hugo visitaba para depositar flores en la tumba del antifranquista Mola.

Una de las excusas para relativizar la presencia de los requetés entre los victimarios es que allí donde había mayoría política carlista hubo menos asesinados. Pero en esas zonas no hubo asesinados, o en menor número, porque apenas había población desafecta por asesinar. Lo terrible es que, incluso, en pueblos en los que existían unos pocos votantes al Frente Popular, también hubo víctimas entre ellos. Además, carlistas procedentes de dichas zonas se trasladaron a otras donde actuaron en labores represivas. Escuadrones de la muerte requetés derivados del Tercio Móvil participaron en sacas autónomas, actuaron concertadamente con los falangistas en sacas mayores como la de Valcardera y protagonizaron en exclusiva la mayor de ellas, la de Tafalla, sustanciada en Monreal.

Igualmente, se repite la idea de que el carlismo fue ¡un movimiento socialista y nacionalistaavant la lettre! Pero entre los principios fundamentales de los políticos carlistas nunca estuvo defender la creación de nuevos marcos político institucionales tendentes hacia el autogobierno, a fin de cuentas su monarquía aspiraba al mismo trono español. Y sobre el supuesto socialismo, durante todo el primer tercio del siglo XX impulsaron un sindicalismo opuesto al sindicalismo de clase, refugiados en el cooperativismo clerical de las Cajas Rurales Católicas. Un ciclo que cristalizaría en el 36 masacrando socialistas, anarquistas, republicanos…

Hacer creer que los carlistas eran la conciencia nacionalista del XIX es una cínica ocurrencia que encaja muy mal con su boicot al estatuto común de 1932, y con su cruel entrada en Gipuzkoa, donde asesinaron nacionalistas a mansalva.

Les vendría bien salir de la eterna endogamia textual en que viven y leer alguna voz crítica, por ejemplo, la del historiador Jordi Canal, y aceptar que, en el fondo más superficial, el carlismo nunca fue una buena solución de nada. Y que hoy, dicho sea de pasada, son nada.

Firman este artículo: Fernando Mikelarena, Víctor Moreno, Carlos Martínez, José Ramón Urtasun, Clemente Bernad y Txema Aranaz Miembros del Ateneo Basilio Lacort

 

METODOLOGÍA CARLISTA OBSCENA

Los carlistas, para defenderse de las impugnaciones que se les hacen por su participación en el golpe militar de 1936, adoptan la vieja táctica de que «no hay mejor defensa que un ataque». En algo debería notárseles que descienden de una organización más partidaria del máuser que de las urnas. Su modo de defenderse de las críticas ajenas consiste en repartir mandobles a diestra y siniestra. Y, sobre todo, irse por los cerros de Úbeda. Tan pronto citan a Espartero como a Marx, el Comunal, la Gamazada y Montejurra. Y siempre barriendo para casa. ¿Qué tendrá que ver Espartero con los asesinados en 1936 por las milicias carlistas?

Se comprende que recordar que el carlismo en Navarra fue base de la preparación del golpe y motor de muchos de los crímenes que perpetraron sus milicias armadas tras el 18 de julio, tiene que escocer. Pero de ahí a sacudirse tal marrón yéndose al paleolítico inferior para justificar el porqué de su locura, resulta cuando menos escapista.

Parecen olvidar que los requetés en el 36 estaban entusiasmados con el golpe. Era para lo que se habían preparado desde la República. Su participación no fue espontánea e irreflexiva, sino producto de una premeditada y alevosa confabulación. “El Pensamiento Navarro” ofrece infinitas páginas del requeté tan entusiasmado y tan exaltado como no lo había estado desde 1834. ¡Volvían a enfrentarse contra un régimen producto del sistema liberal! Lo repetirán una y otra vez. Sin el requeté, los generales golpistas no habrían conseguido machacar la horda moscovita. Isidro Gomá, cardenal primado, lo confirmará en sus informes secretos al cardenal Pacelli, futuro Pío XII: «Nadie tan entregado a la causa como la Comunión Tradicionalista». Así que, si sus abuelos se sintieron orgullosos, ¿por qué empeñarse, ahora, no en negar su entrega a la causa de la santa Cruzada –tarea vana como imposible–, sino en justificar lo que no se puede, asesinar como lo hicieron en retaguardia en nombre de Dios? Pues ya lo dijo Javier de Borbón-Parma: «lo primero que había que hacer en España era restaurar la civilización cristiana» (“Diario de Navarra”, 9.10.1936).

Lo más lamentable es que su participación criminal en 1936 pretendan difuminarla engarzándola con un largo rosario histórico recordando que una vez fueron víctimas. Eso, o apelando a principios de una causalidad deleznable, pareja con una interpretación tan delirante como falsa de ciertos acontecimientos remotos.

Leer que los carlistas en el 36 cayeron tan bajos en el escalafón de la indignidad moral fue por culpa del capitalismo liberal (sic) y de la desamortización de Mendizábal que entregó el comunal a los liberales, es para mondarse. ¿Qué pasa, que los ricos carlistas no arramplaron, también, con dichas tierras? Lo mismo que renegar de la Guardia Civil porque se fundó para perseguir al carlismo (sic). ¿En qué pensaban en el 36 cuando caminaron codo con codo con el instituto armado en la represión?

Ya sabemos que el liberalismo siempre fue pecado y el origen de todas las rebeldías. Un comodín explicativo que siempre defendió la teología cristiana. Si los carlistas se convirtieron en asesinos en la retaguardia en 1936, fue por culpa de esa hidra liberal. Seguro. Si los carlistas defendieron como nadie el sistema foral –cosa que es falsa, porque ni fueron los únicos, ni los primeros–, lo hicieron contra los liberales, olvidando la existencia de un fuerismo liberal, gracias al cual se salvaron algunos vestigios del foralismo de antaño.

Sin embargo, haber sido el capacillo de todas las hostias liberales durante el siglo XIX no parece que les sirviera de escarmiento y propósito de la enmienda. Al contrario. Llegó 1936 y ocuparon con ganas el papel de verdugos. ¡Qué cruel paradoja! Representaron idéntico papel que antaño ejecutaron sus odiosos enemigos liberales. Pero haber sido víctimas no les exime de su responsabilidad en la preparación y advenimiento del gran terror franquista. Dicen que «reconocen que asumen y condenan con todas nuestras fuerzas cuantos errores y tropelías nos puedan corresponder». Fascinante. Solo cometieron «errores y tropelías». En cambio, aseguran que «fueron notorios los consabidos crímenes de la II República». Ya.

El carlismo ha tenido más de cuarenta años para condenar este episodio. Pudo enarbolarlo como signo de compromiso con la sociedad y desligarse del franquismo, contra el que una minoría carlista se enfrentó desde que La Culona los marginó de la mesa del rico epulón. ¿Cuándo los carlistas han mostrado una iniciativa en pro de las reivindicaciones de la Memoria Histórica, en reparación de las víctimas?

Utilizar las suyas como réplica argumentativa es obscenidad. Y es falacia. Resulta ridículo en este contexto evocar a Espartero, al ejército liberal que los persiguió hasta torturarlos y matarlos, a la madre del general Cabrera asesinada vilmente, a los deportados a Filipinas, a Montejurra… Por el mismo precio, podrían haberse acordado del moro Muza que seguro que también tuvo algo de culpa.

Hay que estar muy ciegos para caer en la grosería de comparar de forma equidistante ambos contextos históricos, el de la masacre de los republicanos y socialistas en la retaguardia en 1936 y la persecución de los carlistas en el siglo XIX. No existe tal equidistancia. Hacerla es un agravio.

A quienes recuerdan el papel criminal del carlismo en la preparación del golpe y en la participación de los asesinatos y limpieza política perpetrada a partir del 36, los tildan de «revisionistas, sectarios, revanchistas, falsarios, maniqueos y manipuladores». Y les atribuyen idénticas intenciones que tuvo Franco con el carlismo durante 40 años. Ganas de incordiar, claro. Ahora bien, ¿qué parte del discurso, que acusa al carlismo de connivencia con la preparación del golpe y con las masacres llevadas a cabo por sus milicias armadas, presenta esa impronta revisionista, sectaria y revanchista? No solamente se hacen las víctimas, sino que erigen tal circunstancia en eximente en las culpas adquiridas durante el 36. Tal argucia no cuela. Es indigna.

Para colmo, como si el carlismo fuera patrimonio de la humanidad y belén del nacionalismo vasco –del español no quieren acordarse–, proponen crear un museo. Y lo quieren gratis. Por la jeta. Eso, sí. Un consejo «científico, aséptico y transversal» formalizará sus contenidos temáticos. Todo un gesto. ¿Quieren un Museo? Páguenlo de su bolsillo. El carlismo para quien se lo trabaja. Sería oprobioso y un agravio que dicho Museo recibiera un euro de las instituciones públicas. Menos aún del actual Gobierno de Navarra. Considérese que, si se lo autofinancian, todo serán comodidades. No tendrán que dar explicaciones a nadie. Pueden llenar sus paredes fotos y fragmentos de Unamuno, de Valle Inclán, de Pla y de la Pardo de Bazán y reproducir si encuentran el original del famoso «artículo fantasma» de Marx. Nadie les pedirá cuentas si no están Baroja, Mari Cruz Mina, Serafín Olave, León Iriarte y Barricart o el fuerismo liberal.

Eso, sí. Recurrir al autor de “El Capital” no sería muy serio. Más bien trágico y cínico. Recuerden. En 1936, los carlistas calificaban a los republicanos como «horda marxista» y «pesadilla marxista». Los carlistas de la Junta Superior de Educación motejaban a los maestros, depurados o asesinados, como «ponzoña marxista». No parece, pues, muy decoroso concitar al señor Marx en este velatorio retrospectivo. Podría levantarse de su tumba y correr a boinazos a quienes utilizaron su nombre como sinónimo de maldad intrínseca y perversa.

VÍCTOR MORENO, FERNANDO MIKELARENA, CARLOS MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN URTASUN, CLEMENTE BERNAD Y TXEMA ARANAZ EN REPRESENTACIÓN DEL  ATENEO BASILIO LACORT

LA EXCUSA DEL ARTE O EL ARTE DE LA EXCUSA.

Hace quince años se descubrieron unos importantes restos arqueológicos de distintas épocas en la plaza del Castillo. Aprovechando las excavaciones en curso, el exconcejal Miguel Ángel Muez propuso la creación de un Museo de Historia de la Ciudad ubicado en la misma plaza. Una comisión de expertos ratificó el valor de los restos aparecidos y pidió que se conservaran en el museo propuesto por Muez. Las autoridades del momento arrasaron a toda prisa el yacimiento. La sociedad Aranzadi, encargada por el juez para valorar lo ocurrido, pese a los vetos y zancadillas del Ayuntamiento, calificó de “expolio” lo acontecido.

En 2017, un grupo de pamploneses ha dado a conocer (exclusivamente en Diario de Navarra) un manifiesto con la pretensión de evitar que con el Monumento de Navarra a sus Muertos en la Cruzada se haga algo distinto a lo que ellos proponen: la reconversión del mismo en el Museo de la Ciudad. Nada dijeron estos inquietos pamploneses en 2002 contra el expolio de la plaza del Castillo ni a favor del Museo de la Ciudad que se proponía. Ni una palabra suya se ha oído nunca sobre el derribo de otros edificios de valor histórico. Pero ahora tocan a rebato para salvar los, a su entender, extraordinarios valores artísticos y arquitectónicos del monumento de los vencedores a sus caídos, dejando de lado cualquier consideración ética, política o histórica sobre aquellos hechos. Dejan también de lado la llamada Ley de Memoria Histórica, la Ley de Símbolos, la declaración del Parlamento de Navarra en 2003 sobre víctimas de la sublevación facciosa y el pronunciamiento de ayuntamientos navarros.

La Ley de Memoria Histórica insta a que se retiren del espacio público aquellos elementos simbólicos que constituyan una exaltación de la sublevación militar de 1936 y la dictadura franquista. La ley habla de retirar, no de esconder, tapar, cubrir, reconvertir o revestir permanentemente. Cabe recordar que hace bien poco, en cumplimiento de la ley, el Gobierno ha retirado la laureada situada en la fachada de la Diputación, añadido artístico (pero no solo artístico, claro) del escultor Fructuoso Orduna. Ley que UPN se ha resistido tenazmente a cumplir. Quienes no apelan más que al “valor artístico” del más conocido como Monumento a los Caídos deben explicar las razones que tienen para, dejando de lado el afán de verdad, justicia y reparación que ha inspirado a esas leyes, venir a proponernos que nos saltemos con la pértiga del arte las leyes correspondientes. Con ese salto, dan por prescritos, olvidados o perdonados los crímenes imprescriptibles del golpismo genocida y la dictadura posterior. Los firmantes del manifiesto perdonan u olvidan en nombre de las víctimas sin preguntarles a ellas ni acordarse de la verdad, la justicia o la reparación.

El más grosero de los firmantes de ese manifiesto (anunciado a bombo y platillo en la primera plana del Diario que dirigiera Garcilaso, el enlace de Mola y Sanjurjo) se pasó por las páginas de opinión de este periódico para ir un poco más allá e incurrir en el insulto. Aquí tildó de “guerra civilista” a todo el que se oponga a su proyecto, a todo el que no acepte su decreto de punto final de los crímenes franquistas. Es un rencoroso “guerra civilista” quien se atreva a recordar lo que el Monumento a los Caídos ha sido y representa. Por el contrario, quien como él propone conservar de la manera que sea ese ostentoso homenaje de los vencedores a sí mismos, habla desde la concordia, el civismo y la paz. Hagamos algo cultural con el Monumento, como mandó el arzobispo al reintegrar parte del edificio a la ciudad (no la cripta que se reservó a perpetuidad) y aquí no ha pasado nada.

Por pasar, aquí ha pasado que una sublevación militar contra el orden constitucional de la República llenó las cunetas de cadáveres. Un buen número de ellos siguen desaparecidos. Sus familias no saben en qué lugar poner una lápida. Como bien explicó el jurista Rafael Escudero en las recientes jornadas de ZER, la Ley de Memoria Histórica no autoriza a que los símbolos golpistas se queden donde están so pretexto de su valor artístico. De aceptarse dicho valor, tales símbolos tendrán que retirarse a un museo, donde se exhibirán de manera que coadyuven a la comprensión de que los hechos que ensalzan no deben repetirse. Porque hay valores anteriores al valor artístico de los que hablar, quienes hablan de convertir el monumento a los muertos de los sublevados en un museo de la ciudad tendrían que empezar por exponer a los ciudadanos qué piensan hacer para que ese museo no sea una forma de esquivar lo democráticamente legislado.

Tendrán que empezar por decirnos qué piensan hacer con las paredes, de momento tapadas (rayando en la ilegalidad), donde están escritos con letras de oro los más de cuatro mil nombres de los navarros que perdieron la vida en los frentes militares abiertos por los golpistas en su intento (logrado) de acabar con un régimen democrático. ¿Qué planes tienen para las pinturas que elevan el golpismo a categoría de gesta heroica, con rango de santa cruzada? ¿Qué harán con las inscripciones guerreras que hay en el interior y el exterior del edificio? ¿Tienen algo que proponer para acabar con el santuario de la cripta que el obispado se reserva y preserva? Estaría bien que diesen su parecer sobre esas en cuestiones, en vez de apelar al arte para saltárselas.

Si el cumplimiento de la legislación democrática de los últimos años en materia de memoria histórica pone difícil la reconversión del mausoleo de Mola y Sanjurjo en Museo de la Ciudad, más difícil es sostener dicha reconversión desde el plano político y moral. Las citadas leyes obligan a retirar la simbología franquista por un elemental decoro político y ético: no se debe ofender más a la verdad ni seguir despreciando a las víctimas del golpismo y la dictadura. ¿Cómo mantener un panteón gigantesco, en pleno centro de la ciudad, dedicado a exaltar las gestas de los muertos del bando golpista, sin volver a sojuzgar a los miles de asesinados que quedaron para siempre en cunetas de Navarra y a los valores democráticos que defendían?

No es cuestión de volver a intentar las sucesivas trampas de los gobiernos de UPN y adheridos por otros medios. No es cuestión de convertir la reconvertida y fallida sala de arte Conde de Rodezno en Museo de la Ciudad. No es cuestión de tapar la verdad de la sublevación militar ni de revestir las vergüenzas del franquismo de nobles fines artísticos y culturales. El arte es respetado por todos porque creemos que, como la educación, eleva a las personas y desarrolla el entendimiento social. Pero si el arte se utiliza como coartada para perpetuar injusticias (las víctimas desaparecidas para siempre, los victimarios perpetuamente recordados en un museo del centro urbano), apaga el arte y vámonos.

Firman este artículo: Víctor Moreno, Javier Eder, Fernando Mikelarena, José Ramón Urtasun, Carlos Martínez, Clemente Bernad y Txema Aranaz Miembros del Ateneo Basilio Lacort

EL CARLISMO NO TIENE CURA

Es evidente que el carlismo es una enfermedad incurable. Ni los viajes ni la lectura fueron capaces de erradicarlo. Lógico. Desde que Baroja dijo que pensar y ser carlista eran un oxímoron, cualquier tragedia futura sería posible. De hecho, sus epígonos actuales no hacen sino confirmar esta incompatibilidad cada vez que tratan de defender los 184 años luchando por las libertades, como reza su eslogan de partido. ¿Libertades? Veamos.

Por activa y por pasiva demostraron que su fundamental manera de solucionar los problemas políticos se redujo a echar mano del pistolón y de la espada. Consecuentes con este expeditivo sistema, durante el siglo XIX provocaron tres guerras fratricidas, consiguiendo que la Hacienda pública foral entrase en bancarrota y Navarra se convirtiera en la provincia del Estado con el índice de criminalidad más alto. Y todo por defender una ideología que cabía en un papel de fumar y nada original, basada en los tres conceptos que más fanáticos ha producido la historia:Dios, Patria y Rey.

Cuando los liberales implantaron en España el sufragio universal en 1890, los carlistas lo rechazaron. La democracia, el sistema parlamentario y electoral, los catalogaron como plantas exóticas al gen navarro. Para un viaje como el suyo, basado en una monarquía hereditaria, sobraban tales ingredientes políticos. El sufragio universal lo catalogaron como “superstición social”, atribuyéndole “una singular perfección de inexplicable capacidad para manejar a la muchedumbre, ignorante y ciega”. Como si la base neurobiológica de sus huestes fuera discípula aventajada de Einstein.

Tras las elecciones de 1903 afirmarán que “7.063 carlistas están dispuestos a votar contra la revolución con candidatura de máuser”. Menos mal que en 1898 avisaron que “sostendremos en una mano la azada y el rosario, y si llega la ocasión en la otra el fusil para defender a Cristo y luchar contra el liberalismo”.

Uno de sus capitostes, el tránsfuga Domínguez Arévalo, mantendrá incorruptible esta concepción sobre el sufragio universal. En las elecciones municipales de 1931 sostuvo: “Somos sustantivamente antiparlamentarios y no podemos sentir más que despectiva desafección al sistema electoral vigente”. Con relación a la voluntad popular, mantendría sin desafinar idéntica corchea que sus antediluvianos correligionarios de 1890: “Frente al desafinado imperio de la mayoría como fuente de legitimidad, frente a la ficción de un poder legislativo sin independencia, gregariamente sometido al gobierno, nosotros mantenemos siempre nuestra protesta nuestra clara adhesión a los claros principios del derecho público tradicionalista”.

Finalmente, concluiría retóricamente: “¿Cómo los tradicionalistas navarros vamos a consagrar como legítimo un sistema que además de pugnar con nuestra doctrina no ha sido adoptado nunca por la expresión del sentir navarro, ni practicado por Navarra cuando ésta era más dueña de sus destinos? Hay que ser lógicos”.

En efecto. Esta lógica los llevará en 1936 a sumarse al golpe. ¿Sumarse? ¿Acaso no fueron ellos quienes lo promovieron? ¿No decían que “Navarra fue la primera”? Sea como sea, formaron uña y carne con el movimiento militar golpista contra un gobierno elegido democráticamente mediante elecciones populares. Era el remate coherente con un pasado montaraz e insurgente. Se identificaron tanto con el golpe militar que Javier de Borbón-Parma, en una entrevista, elogiaría al general Franco y al Gobierno militar, para, luego, afirmar que “apoyaba decididamente el movimiento nacional con el que los tradicionalistas españoles se habían comprometido a colaborar”, haciendo hincapié que “lo primero que había que hacer en España era restaurar la civilización cristiana. (Diario de Navarra, 9.10.1936).

Lógico. Según el requeté Jaime del Burgo, los carlistas se habían entrenado durante la República para dar este golpe. Por esta razón, hay quien hablará de golpe carlista, pues la actuación de sus milicias sería clave en el triunfo de la barbarie que se perpetraría en Navarra.

Para su desgracia, y a pesar de su heroísmo matando rojos, tanto en el campo de batalla como en la retaguardia, donde no había ningún frente bélico, tras la guerra no obtendrían ningún botín suculento, ni satisficieron ninguna de sus reivindicaciones históricas, especialmente la de colocar a su borbón particular como jefe del Estado.

Los carlistas saldrían de esta guerra con el rabo entre las piernas. La dictadura se rio de ellos a la cara, después de su estremecedora entrega a matar y asesinar rojos, tanto en vanguardia como en retaguardia. También, a morir en el intento. En efecto, murieron jóvenes y hombres que consiguieron movilizar a base de manipulaciones, mientras que otros carlistas se quedaron en retaguardia repartiéndose parte del botín y los puestos clave de la Administración foral.

De este fondo revanchista nació su resquemor contra el franquismo. ¿Se habrían rebotado contra Franco caso de que éste, en lugar de haber elegido como rey a Juan Carlos, hubiese elegido a un primo de éste? No hace falta responder.

Podríamos aceptar benévolamente que una insignificante parte del carlismo, en los últimos años, pretendió redimirse de un pasado vergonzoso y vergonzante. Se trata de una tarea complicada donde las hubiera. Pasar de ser un partido integrista, reaccionario y golpista a un tipo de partido defensor de unos valores a los que antaño persiguió, es un espectáculo estimulante. Pero para redimirse deberían condenar ese pasado, ¿no?… ¿Por qué su intento de disfrazar su pasado refugiándose en un antifranquismo de última hora, manteniendo incluso el mismo nombre, símbolos, etcétera?

Su pasado histórico es un engrudo muy difícil de digerir. Está lleno de planteamientos contracorriente con los avances de la sociedad -políticos, científicos, económicos, culturales, sexuales-, con una tenaz oposición a la democracia y al sistema parlamentario. Ya no digamos su activa participación en el genocidio que hubo en esta tierra en 1936…, baldón ignominioso que difícilmente podría figurar en un museo, a no ser que se trate de un museo de los horrores.

Con estos antecedentes es paradójico que los herederos ideológicos carlistas reivindiquen un museo para recordar una historia llena de despropósitos políticos. Bueno, acaso lo reivindiquen como penitencia y, de paso, lo utilicen para mostrar al visitante que el carlismo ha sido históricamente una ideología nefasta para la convivencia. Decir lo contrario sería negar la historia.

Tampoco sería muy ético que un gobierno democrático sostuviera o subvencionara económicamente un museo cuyos elementos ornamentales y documentales, litúrgicos y rituales constituyen, constituyeron, una apología y exaltación de la guerra como medio único y exclusivo para solucionar los problemas de una sociedad en crisis…

A estas alturas, ni una buena inyección de Derechos Humanos sería capaz de curar el carlismo. No existe tal vacuna.

Firman este artículo: Víctor Moreno, Fernando Mikelarena, José Ramón Urtasun, Carlos Martínez, Pablo Ibáñez y Txema Aranaz, del Ateneo Basilio Lacort

Polifonía del negacionismo carlista

El último episodio del negacionismo carlista acerca de las responsabilidades de los requetés en la limpieza política registrada en Navarra en 1936/1937 lo ha ocasionado un artículo de opinión y una pregunta en el Parlamento de Navarra de IE sobre el Museo del Carlismo de Estella. La pregunta de IE era producto del reciente renovado consejo y asesor de dicho museo, donde se han concitado colectivos y personas con actitudes claramente negacionistas de la masacre sufrida por la izquierda el golpe del 18 de julio y, en segundo lugar y por lo mismo, por su más que probable incompatibilidad con la Ley Foral 33/2013. Como es sabido, en esta ley se exige el reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión causados por el golpe militar de 1936.

En segundo lugar, la coalición pedía información acerca de cómo se había plasmado en tal museo “la participación del carlismo en la cruel represión que se ejerció en Navarra contra las gentes y colectivos de izquierdas”, así como una revisión de “los contenidos y la imagen que se proyecta del carlismo en ese museo”. Como suele ocurrir, han sido miembros del EKA quienes han puesto el grito en el cielo con argumentos que se escapan de la realidad histórica, escudándose con razonamientos abiertamente negacionistas y escapistas. Pues siguen parapetados en el relato del autoindulto referido a los criminales hechos protagonizados por sus antiguos camaradas, cuando, en realidad, fueron los primeros en difundir y alardear de sus fechorías. Lamentablemente, EKA sigue empeñada en no enfrentarse con sus propios fantasmas históricos. Hay que reconocer que ciertos dirigentes del carlismo, antiguo y presente, han obrado, no con inteligencia -esta implicaría enfrentarse con esos fantasmas-, sino con astucia ladina. ¿Cómo? Garantizando el silencio de los requetés de base y de los combatientes en general, haciendo que el mayor número de carlistas se vieran implicados en todas las tareas represivas, edificando así un muro de silencio. Más todavía, expurgando documentación para no dejar huellas incriminatorias. Y, más grave aún, con la amenaza y la coacción ejercida contra los familiares de los izquierdistas asesinados para que no ofrecieran testimonio de lo acaecido. Un terror impuesto con la violencia cotidiana contra los derrotados, que duró décadas, y cuyos efectos han llegado hasta nuestros días. Si con ello pretendían obstaculizar la labor de los historiadores, con el fin de delimitar sus responsabilidades, hay que decirles que no lo han conseguido. Ni lo conseguirán.

En ese relato negacionista, los carlistas han contado con dos colaboradores principales. En primer lugar, el propio régimen franquista y sus epígonos entre 1975 y 1977. Ellos ordenaron la destrucción de la documentación del Movimiento. En segundo lugar, los partidos políticos mayoritarios que apostaron por el olvido y por la desmemoria. Nunca por la verdad, la justica y la reparación. Este negacionismo carlista ha contado, también, con otros participantes. La inequívoca presencia de simpatizantes y afiliados procedentes del carlismo en todos los partidos políticos ha potenciado que se fortaleciera el silencio sobre los golpistas en los foros públicos. Asimismo, dado el enorme peso que tuvo el carlismo en la sociedad navarra anterior a 1960, a la opinión pública navarra le da pánico reflexionar de forma introspectiva sobre ello. Parece como si una omertá grupal de protección de la memoria de padres y abuelos se hubiese desatado en la Comunidad Foral. Optaron por echar tierra encima, de los culpables… y de las cunetas. Esos que se dicen antifranquistas ¿dónde estaban cuando los familiares de los asesinados trataban de encontrar sus restos?

Una muestra chirriante de lo que decimos ha sido protagonizada recientemente por Bildu, una coalición reivindicativa con relación a la memoria de la violencia política franquista. En junio de 2016, Bildu preguntaba sobre la falta de referencias al carlismo con posterioridad a 1939 en aquel museo estellés. Sobre todo, “cuando el movimiento abrió distancia respecto al franquismo y acabó derivando en una propuesta muy diferente que actualmente encama el Partido Carlista-EKA”. Pero no mencionaban, significativamente, la ausencia de referencias a la limpieza política registrada en 1936/37 y en la que los requetés fueron elemento clave y un activo, tanto censor como depurador. Tampoco se señalaban las actuaciones y las enormes cuotas de poder y de puestos relevantes en distintas administraciones, asumidos por el muy mayoritario carlismo colaboracionista dentro del régimen franquista. La respuesta de la consejera de Cultura a la pregunta formulada por Bildu el mencionado museo, publicada en el Boletín del Parlamento de Navarra de 24 de octubre de 2016, aclaraba mucho el panorama.

Recordémoslo. El Guión de Orientación para el Museo del Carlismo, aprobado por una Orden Foral de 2001, sería redactado por el profesor Stanley Payne, autor de un libro sobre Historia del Carlismo publicado en 1995 por la Comunión Tradicionalista Carlista y que, casualmente, en su extensa obra nunca mencionó la participación de los requetés en hechos represivos. Más adelante, en 2006, se constituyó el Comité Científico de dicho museo, presidido por el entonces consejero de Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpas Mauleón, secundado por reconocidos representantes del mundo académico, los catedráticos Juan Pablo Fusi, Ángel García-Sanz Marcotegui, los profesores Jordi Canal y José Ramón Urquijo, a los que en 2010 se añadirían el catedrático Javier Donézar Díez de Ulzurrun y el profesor Francisco Javier Caspistegui. Este Comité Científico, vigente hasta 2014, trabajó en la elaboración del guión del Museo del Carlismo. En relación con el denominado Ámbito séptimo, referido a la Segunda República y la Guerra Civil, se señalaban los siguientes ítems: “7.1. El fortalecimiento de la Comunión Tradicionalista; 7.2. Margaritas, pelayos y requetés; 7.3. Fal Conde y el carlismo militar; 7.4. Las conspiraciones y la Guerra; 7.5. La Unificación; 7.6. Requetés en combate; 7.7. 1939: victorias y derrotas”.

Enternecedor. Ningún ítem acerca de la labor depuradora y exterminadora de los requetés en la retaguardia navarra. La redacción de los textos corrió a cargo del profesor Pedro Rújula López, de la Universidad de Zaragoza, experto en el carlismo del siglo XIX. Con esos contenidos, el Museo del Carlismo se abrió al público el 23 de marzo de 2010.

En 2016, se modificó el organigrama consultivo de la entidad “con el fin de aunar esfuerzos y desarrollar una actividad más eficaz”. En efecto, sería un comité asesor formado por distintos vocales, uno de los cuales se reservaría para el alcalde de Estella. Claro que, si se repasan los nombres de estos ilustres vocales, se comprenderá mucho mejor su referencia a la “eficacia y a la posibilidad de aunar esfuerzos”. Además de Pedro Rújula, se sumaría al comité la profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad del Opus Mª del Mar Larraza. Paradójica presencia. Ninguno ha escrito una sola línea acerca de la salvaje limpieza política registrada en Navarra en 1936/37. Otra vocalía corresponde a Juan Cruz Alli Aranguren, con quien se inauguró el ciclo político de gobiernos de UPN en Navarra y bajo cuya presidencia el Gobierno de Navarra no hizo ningún gesto en relación con la investigación de la mayor tragedia vivida en Navarra en toda su historia contemporánea, ni en relación con los familiares de los asesinados por los golpistas, cuando todavía vivían testigos y víctimas directas. Otro vocal es Manuel Martorell Pérez, periodista e historiador con una tesis sobre el carlismo en aquellos años y posteriores, cuyo eje primordial es exonerar de cualquier responsabilidad criminal a los requetés y a sus dirigentes. Pablo Larraz Andía es otro vocal que también ha trabajado sobre la historia del carlismo en 1936-1939 con una evidente finalidad apologética y absolutoria. Por si no hubiera bastante para presentar el carlismo como un movimiento salvífico e inocente, cuatro vocalías quedan reservadas a otros tantos comisarios políticos procedentes de las filas carlistas: una para Andrés María Vidaurre Ojer, secretario de la Junta del Partido Carlista en Navarra; otra para Ramón Muruzábal Aldunate, representante de la Fundación de Amigos de la Historia del Carlismo; otra para Francisco Javier Garisóain Otero, Secretario General de la reaccionaria Comunión Tradicionalista Carlista; y la última para Luis Hernando de Larramendi, presidente de la Fundación Hernando de Larramendi, entidad que ha editado innumerables obras sobre el tradicionalismo y que en las centradas en el periodo 1936/1939 se caracteriza por una evidente finalidad negacionista y relativizadora. ¡Y con estos mimbres se pretende confeccionar un relato objetivo de un movimiento que protagonizó al servicio de la reacción los ciclos de violencia política más crueles registrados en Navarra entre 1833 y 1950, y que en el último de ellos, con su participación fundamental, se cobraría la vida de más de 3.000 navarros!

Firman este artículo: Fernando Mikelarena, Víctor Moreno, José Ramón Urtasun, Carlos Martínez, Pablo Ibáñez, Txema Aranaz Miembros del Ateneo Basilio Lacort

¿QUIÉN DEFENDERÁ EL SENTIMIENTO ACONFESIONAL?

Se da por hecho que el sentimiento religioso existe. Tanto que dicho sentimiento se puede herir, ofender, escarnecer, humillar, ultrajar, afrentar, vejar y zaherir. Así lo contemplan las sentencias de jueces bien adiestrados en el espíritu y la letra de un nacionalcatolicismo que aún pervive. Para esta gente, el sentimiento religioso no solamente existe, sino que quien se meta con él lo puede pasar muy mal, amenazando de este modo la libertad de expresión, sin la cual, paradójicamente, no sería posible la evolución del mismo sentimiento religioso.

Y aun cuando nadie sepa a ciencia cierta dónde se cobija dicho sentimiento, si en la víscera del corazón o del cerebro, si en el estómago o en la glándula pineal, se dará por hecho que este sentimiento existe. Muchas personas afirman que lo experimentan de forma individual y colectiva en lugares abiertos y cerrados, en actos litúrgicos y procesionales de toda índole. Quien vive este sentimiento religioso asegurará que su personalidad se transforma, viviendo momentos de sublime e inefable sensación. Y lo más importante: dirán que no se trata de una fantástica construcción mental, sino de algo tangible que sucede a flor de piel, a pesar de que el ser que produce tales efervescencias no tenga probada existencia empírica.

Una prueba de que este sentimiento existe estaría en la presencia de su contrario: el sentimiento antirreligioso o de irreligiosidad. La animadversión hacia aquello que tiene que ver con la religión sería la prueba de que tal sentimiento es más real de lo que muchos creen. Añadirán que este sentimiento no se puede evitar, que es dispositivo innato y universal en el individuo, como la gramática generativa de Chomsky. Otros, más escépticos, lo negarán tajantemente, aduciendo que se trata sin más de un aprendizaje cultural y que nadie nace con el ADN confesional incrustado en su genoma. Ni siquiera un futuro cardenal.

Hagamos, ahora, un esfuerzo mental e intentemos aceptar la existencia de otro sentimiento, el cual, aunque nada tenga que ver con esa esfera religiosa o antirreligiosa, podría ser considerado un producto colateral de ella. Lo llamaremos sentimiento aconfesional. A pesar de su apariencia terminológica no es sinónimo de irreligiosidad, ni de antirreligiosidad. Es un sentimiento no excluyente ni exclusivo, que cultivan creyentes, ateos, agnósticos y deístas; en definitiva, laicos de cualquier condición. Si alguien se puede sentir ofendido religiosamente hablando, lo mismo sucede en quien vive el sentimiento aconfesional. También se le puede ofender y humillar, escarnecer y vejar.

Estaría bien, por tanto, que se lo tratase con la misma consideración que se tiene hacia los demás sentimientos, sean religiosos o no. Ni por encima, ni por debajo. El mismo trato y consideración.

Quienes mejor pueden comprender esta perspectiva equitativa son quienes dicen que sus sentimientos son intocables y forman parte de su identidad. Seguro que no les costará ponerse en el lugar de quienes viven ese sentimiento aconfesional y mostrar su respeto al pluralismo confesional y no confesional de la sociedad basado en la neutralidad del Estado que consagra la Constitución. Nadie que viva ese sentimiento religioso debería mostrarse indiferente, menos aún beligerante, con quienes respaldan este sentimiento aconfesional. A fin de cuentas, se trata de un sentimiento más, eso sí, ceñido a la esfera de lo civil, de lo autónomo y de lo inmanente, pero, al fin y al cabo, sentimiento.

Si un creyente se siente vilipendiado o ridiculizado en lo más íntimo de sus sentimientos religiosos porque alguien se bebe un lingotazo de güisqui en un cáliz de celebrar misa, aceptará que haya personas que sientan el mismo ardor guerrero cuando uno de sus sentimientos se desprecia y se ningunea… a pesar, incluso, de defenderlo la Constitución. Y comprenderá, también, que, cuando los representantes de este Estado hacen rechifla de dicho pluralismo jurando sus cargos ante un crucifijo o Biblia, pongamos por caso, están vejando el sentimiento aconfesional de muchos ciudadanos. Seguro que a quienes viven con intensidad el sentimiento religioso no les gustaría lo más mínimo que los representantes políticos del Estado aconfesional se mofasen de la virgen o de las obleas de comulgar.

Nadie que presuma de ser justo aceptará que, dados los tiempos de equidad jurídica en que se pretende vivir actualmente, se dé tal agravio comparativo entre el tratamiento dado por el Código Penal al sentimiento religioso y al sentimiento aconfesional. Es, resueltamente, discriminación.

Al primero se le defiende de tal modo que su articulado parece que lo hubiese escrito un obispo de la escuela de Rouco. Al segundo, ni se lo nombra. Sin embargo, en la actualidad existen cantidad de ideas y performances públicas que humillan y escarnecen el sentimiento aconfesional. Es que no lo respetan ni quienes deberían ser sus más escrupulosos practicantes.

El artículo 524 castiga con la pena de prisión de seis meses a un año “al que, en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas, ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados”. ¡Legalmente tutelados! Casi nada. Y la aconfesionalidad que está recogida por la Constitución ni siquiera tiene un artículo en el Código Penal que lo defienda de un mínimo atropello.

En el artículo 525 cometen delito de escarnio, castigado con pena de multa de ocho a doce meses, “los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesen o practican”. Toda esta parafernalia intimidatoria, ¿acaso es congruente no solo con la libertad de expresión, sino con el Estado aconfesional que establece la Constitución?

El Código Penal no trata por igual los sentimientos de las personas. Su cacareada equidad jurídica hace agua torrencial. Menos se entiende aún que la aconfesionalidad constitucional no reciba un desarrollo pragmático en el Código Penal, sobre todo cuando hay tanta gente que lo conculca. No es justo que el sentimiento de aconfesionalidad no tenga un reconocimiento jurídico y, como tal, sea garantizado y defendido por el Código Penal.

El respeto a la pluralidad ciudadana en materia confesional y no confesional es tanto o más respetable que el sentimiento religioso. En puridad jurídica no se entiende que se castiguen las supuestas ofensas contra este, mientras que los permanentes agravios al sentimiento de aconfesionalidad no reciban ni la más mínima señal coercitiva por parte de los poderes públicos. Y si estos no lo hacen, que son quienes han propiciado la creación de dicho sentimiento civil como salvaguarda de la pluralidad confesional y no confesional del Estado, ¿quiénes lo harán?

Si en ocasiones España ha precisado de la ayuda económica de Europa para salir de sus crisis innombrables, quizá haya llegado el momento de pedírsela, también, en esta materia a los tribunales europeos, pues no parece que los de aquí estén por la labor de ser plurales y equitativos.

Los autores son Víctor Moreno, José Ramón Urtasun, Carlos Martínez, Pablo Ibáñez, Fernando Mikelarena, Txema Aranaz, del Ateneo Basilio Lacort

‘Representacionitis’

Dice la Constitución: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” (Artículo 16.3). No parece una frase complicada. Sujeto, verbo y predicado. Sin embargo, visto el comportamiento de ciertas autoridades políticas, parece que la oración es más compleja que una coma de laFenomenología del Espíritu de Hegel. Inaudito que personas con carreras universitarias, máster y doctorados varios, tengan tanta dificultad para comprenderla. Porque, si de algo se enorgullecieron quienes redactaron el texto constitucional, fue de su claridad y exactitud conceptuales. Lo habitual en cualquier código normativo y regulativo, escrito para la universal comprensión de las gentes. Pues una normativa solo inteligible para quienes la redactasen sería la cosa más absurda. Como incomprensible es que quienes escriben estas leyes sean los primeros en no cumplir su ordenamiento.

Pues ya ven, ni el jefe del Gobierno, ni sus ministros, ni presidentes de comunidades autónomas, ni sus consejeros, ni, tampoco, alcaldes de ciertos pueblos y ciudades, han dado hasta la fecha pruebas inequívocas de haber comprendido la frase de marras. Y de los militares, mejor no hablar. Hay quien piensa que, quizás, la frase se haya llenado de un contenido que quienes la redactaron en primera instancia no repararon en sus consecuencias pragmáticas. O, también, que ningún político llegaría a tomársela en serio como así ocurre con numerosos artículos constitucionales. Tanto que ha llegado un momento en que ciertos políticos de hoy consideran que lo mejor sería borrarla de la Constitución. Argumentan que, para el caso que le hacen en la práctica, sería lo mejor… para ellos. Otros, ante el cariz que ha tomado el asunto, piensan que, más que un problema de incomprensión lectora o de exégesis interpretativa, nos encontramos ante una enfermedad política contra la que, de momento, no hay fármaco que atempere su fiebre y, menos aún, erradique su contagio. Añaden que su cuadro clínico se observa por igual en las izquierdas como en las derechas. Que se trata de una enfermedad, más que cíclica sistémica, padeciéndola por igual políticos de Bildu que UPN, del PP como Ciudadanos. ¿Y de Podemos? Digamos que parecen estar en cuarentena. Pues sus militantes tan pronto dan una de cal como otra de arena confesional.

Esta enfermedad se conoce con el nombre de representacionitis, aunque hay gente que prefiere llamarla usurpacionitis. Los expertos la describen como un tipo de inflamación a la que se ve sometido el yo de quien se considera representante de las ideas y sentimientos, necesidades e intereses de los demás, a pesar de que estos no hayan cedido a nadie dicha representación. Uno de los síntomas más alarmantes de esta hipertrofia del yo la padecen algunos alcaldes, que les impele casi como fuerza irresistible a asistir a procesiones y liturgias de carácter confesional católico en honor de un santo patrono, haciéndolo, además, en cuerpo de ciudad. Algunos, tan ingenuos como voluntariosos, llevan tiempo buscando la posible cura de esta enfermedad, pero no han encontrado su antídoto. No es fácil, porque, entre que muchos de sus enfermos se resisten bravamente a curarse y a reconocer que están cometiendo un error de perspectiva garrafal, el virus sigue ahí, horadándoles los ectoplasmas de su racionalidad.

Hay quien señala que lo que estos enfermos necesitan es una buena inyección de realismo, ya que el fondo patógeno de su neura tiene que ver con su delirio de grandeza, carente de cualquier base empírica. Si aquel rey francés se creía que el Estado era él, estos políticos se creen el mismo disparate, pues vienen a proclamar que ellos son la representación genuina de la sociedad. Y es que la alucinación más común que sufren estos políticos se da, precisamente, cuando se creen que son representantes de la ciudadanía, cuando no son más que largas manos del Estado y, por derivación, de un gobierno nacional o ayuntamiento local.

Además, la enfermedad que padecen les ha hecho olvidar que representan a instituciones del Estado que son no confesionales, pero no representan a los ciudadanos, que constituyen un paisaje caótico y plural donde, como en botica, hay de todo: ateos, deístas, teístas, agnósticos, judíos, musulmanes, protestantes, mormones, testigos de Jehová, católicos y otros compuestos de creyentes cuya lista sería interminable de citar.

Quienes padecen la enfermedad de la representacionitis han olvidado que los ciudadanos se bastan a sí mismos para presentarse y representarse en cualquier ámbito de la vida, sea de la naturaleza que sea. Aunque les cueste, dada la hipertrofia de su ego, los políticos deben acepar que ni ideológica, ni política, ni social, ni económica, ni religiosamente, pueden ocupar mediante representación alguna el lugar identitario de los demás. Ser político no confiere ese plus aunque muchos piensen que sí.

Ningún individuo representa la pluralidad de la sociedad aunque este sujeto sea jefe de gobierno, presidente de una nacionalidad histórica o alcalde de una ciudad con patronos ilustrísimos. Solo los dictadores se han atrevido a tanto. Los políticos solo representan al Estado, pero el Estado no son los ciudadanos. Y si el Estado es no confesional, sus instituciones como los ayuntamientos y las escuelas, los hospitales y los cementerios públicos, también lo son. Una autoridad política, caso del alcalde de Pamplona, que asiste a una procesión religiosa, incumple su deber constitucional como representante no confesional de dicho Estado. Es incongruente. El delito que está cometiendo va contra la propia naturaleza no confesional del Estado, por el que ha sido nombrada autoridad política. Está poniendo su autoridad política al servicio de la sacralización confesional de un acto aunque este sea tan anodino como una procesión o la bendición de unas piscinas públicas.

Llegados a este punto, nos avenimos a reconocer que tendrían que ser las propias autoridades del Estado quienes llamaran a capítulo constitucional cuando un alcalde o similar conculcase una normativa estatal, esa que, precisamente, pretende respetar la pluralidad confesional y no confesional de la ciudadanía. Seguro que, en cuanto esas autoridades judiciales actuasen, alcaldes y demás poderes estatales dejarían definitivamente de padecer esa enfermedad egocéntrica de la representacionitis; y, de paso, dejar de hacer una y otra vez el paripé, jurando sus cargos en vano ante un crucifijo o una Biblia abierta en el capítulo en que las hijas de Lot emborrachan a su padre.

Claro que, a la vista de que ningún juez haya llamado a declarar a un alcalde acusado por asistir a una procesión religiosa disfrazado en cuerpo de ciudad, contraviniendo el artículo referido de la Constitución, lo más probable será que sigamos padeciendo dicha enfermedad hasta el próximo milenio. Así que, por si cuela la proposición, digamos que una manera de salir de esta insufrible peste sería transformar dicho artículo constitucional en un artículo del Código Penal, adquiriendo esta posible formalidad expresiva: “Toda autoridad política que ridiculice con su comportamiento confesional el artículo 16.3 de la Constitución será cesado inmediatamente en su cargo. No lo merece”.

Lógico. Si un alcalde es una autoridad política que debe defender el carácter no confesional del Estado al que representa y, cada dos por tres, hace caso omiso de dicha cualidad intrínseca, asistiendo a procesiones, misas y demás liturgias confesionales, o una de dos, o es que se está haciendo el loco, o es que nos está tomando el pelo a los demás ciudadanos de un modo escandaloso.

Firman este artículo: Víctor Moreno, Pablo Ibáñez, Fernando Mikelarena, José Ramón Urtasun, Carlos Martínez, Txema Aranaz, del Ateneo Basilio Lacort

MIGUEL ÁNGEL MUEZ

Recientemente se nos ha ido Miguel Ángel Muez. En nuestro ateneo lacortiano, su figura ocupa un lugar preferente. No hace mucho todavía que nos contaba la anécdota –singular como todas las suyas– de una visita que siendo concejal realizó al cementerio pamplonés y al pasar junto a la tumba de D. Basilio Lacort, el capellán de guardia que le acompañaba, señalándola admonitoriamente, le dijo: “Aquí yace un famoso sectario…” y prosiguió su camino tan ufano.

Nuestro hombre, ejerció como concejal entre los años 1967 y 1979 (fecha en que se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas tras el franquismo). Son muchas las crónicas que situaron al Ayuntamiento de Iruñea como el más complicado del país. Ello se debió a la presencia constante en esos años de un grupo de concejales que fueron conocidos como concejales “sociales” o “rojos”, que fueron elegidos mediante el único resquicio que la legislación de la época dejaba para la elección ciudadana, y que no era otro que el limitado ejercicio de la “democracia orgánica” mediante la elección del denominado “tercio familiar”.

Eran los “años de plomo” del régimen franquista en los que la lucha municipal pamplonesa, muy activa y muy polémica por la intervención de estos concejales “rojos” del tercio familiar, constituyó un fenómeno insólito que ha merecido el estudio y el análisis de varios autores.

Miguel Ángel Muez formó parte en los Ayuntamientos de la época (desde 1967 a 1979), junto a ese grupo de concejales, al igual que sus amigos Jacinto Martínez Alegría y Jesús Mª Velasco. También lo fueron durante algunos años los concejales Sres. Echaniz, Pérez Balda, Sáez, López Cristóbal, Caballero y Eguiluz, ya fallecidos, y el que fuera alcalde, Javier Erice.

Este grupo de concejales, del que tal vez fuera Muez su representante más reconocido y destacado, fue protagonista de singulares actuaciones en la labor política de ámbito municipal en pleno franquismo y fueron sin duda los artífices de unos logros ciudadanos, decisiones para nuestra ciudad que no solo marcaron una época –la suya propia– lastrada por el fascismo y la falta de libertades, sino que nos sirvieron de pauta y modelo de comportamiento a las generaciones futuras para vivir en una Pamplona, marcada por la defensa de lo público y del interés general, dando voz a la ciudadanía y todo ello con una actuación personal, ejemplar, austera y de honradez acrisolada a lo largo de toda su vida pública.

Con su participación, su impulso decisivo y su sello personal, cabe decir que se pusieron en marcha actividades como la Ikastola Municipal, Andraize, COTUP, Donapea, recuperación de la Ciudadela, la creación de la Inmobiliaria Municipal, para evitar la especulación inmobiliaria y promover la construcción de viviendas sociales en régimen cooperativo (San Juan, Ermitagaña, etc.) o la recuperación de Aranzadi para zona deportiva. Sin olvidarnos de la defensa a ultranza del euskera, la reivindicación constante de democracia y libertad, además de ser de los que promovieron la normalización de la Ikurriña en el Ayuntamiento pamplonés en el año 1977.

Todo ello les supuso un alto coste personal en forma de insultos, amenazas, intentos de corrupción, suspensiones, multas, querellas y hasta el despido laboral que afrontaron con total dignidad y coherencia.

Todavía era ayer cuando pudimos ver a Muez, Martínez Alegría y Velasco en primera línea para la defensa del Patrimonio Histórico y Arqueológico de nuestra ciudad en la lucha vecinal y popular contra el expolio de la Plaza del Castillo. El propio Muez y Martínez Alegría fueron detenidos en tal ocasión, y sometidos a juicio por desobediencia.

Muez nos dijo muchas veces que en su labor municipal tuvieron muchos errores, lo que le honra, pues errores y descalabros los tienen todos aquellos hombres que no son superficiales, ya que tan sólo se salva del error el mediocre o el cretino y Muez no era ni una cosa, ni otra.

Entre sus características fundamentales habría que destacar sobre todo la de su honradez ejemplar, su sentido de lo público, su afán por la democracia y una austeridad a resguardo de cualquier tentación.

Muez no respondía a los prototipos de “Concejal mozopeña” ni “Concejal cuerpociudad”, a los que por desgracia estamos acostumbrados, y tampoco podría considerársele representativo de la clase política que se define y autoproclama “nosotroslosdemócratas”.

Su sentido de la democracia le llevaba a tener ideas muy claras de lo que era representar y querer a su ciudad, así como a definir los límites de la laicidad a la hora de ejercer su cargo en las épocas del fascismo más duro, por lo que tuvo que pagar un alto precio, junto a su familia y amigos.

Nos queda por fortuna una muestra de su pensamiento en el libro que en el año 1970 escribieron como guía de su actuación municipal. Hablamos de Ayuntamiento y Pueblo, que debiera ser libro de cabecera de nuestros concejales y del que son coautores entre otros los Sres. Muez, Eguiluz y López Cristóbal.

Allí podemos leer cosas como las siguientes:

“El diálogo Ayuntamiento-Pueblo, era el primer objetivo y casi único que quería fijarme al igual que mis compañeros de candidatura. Todo lo demás surgiría de este diálogo o no tendría razón de ser…”.

“Un concejal puede perder todas las votaciones, lo que no puede perder es la fe en el pueblo y el contacto y la visión de la realidad”.

“La propiedad privada del suelo, es la auténtica ruina de la ciudad y la fuente de la mayor explotación”.

“Emprender la tarea de socializar o municipalizar los servicios de transporte urbano es tarea urgente, exigida y exigible por una convivencia humana moderna”.

“No hay acción municipal que merezca la pena si no es cauce de diálogo y participación del pueblo en las tareas del Ayuntamiento”.

“La realización urbanística es el alma de la ciudad, como la forma arquitectónica es su faz. Si ambos son mediocres, mediocre es la ciudad y esta mediocridad nos impregna”.

“Hay que hacer llegar al pueblo la idea de que cuando se especula con el suelo se le está robando descaradamente”.

“Hay que hacer llegar al pueblo la idea de que la ciudad es suya. Que el Ayuntamiento debe estar a su servicio. Que si la piratería del suelo es posible gracias a la presión, no menos presión puede ejercer un pueblo dispuesto a recuperar los hitos que se le han usurpado”.

“Lo que sí ha pretendido es descubrir a los eternamente administrados, que también pueden ser administradores”.

He aquí un breve muestrario de sus actuaciones y del pensamiento que guió las mismas. Está claro que el censor de turno ni se enteró, por lo que nuestra ciudad salió ganando y nosotros también.

Muez y sus compañeros y amigos concejales forman parte de nuestro pamplonario particular, y bien merecen ser recordados como personas que de forma desinteresada, amaron esta ciudad, y como ejemplo a seguir por los actuales Ayuntamientos.

Si nos encontráramos con el capellán de guardia antes mencionado, seguro que en lugar de un famoso sectario, nos hablaría de dos. Cabe la esperanza de seguir sumando sectarios como éstos hasta germinar una Pamplona para todos.

Pamplona, 26 de Septiembre de 2016

En representación del Ateneo Basilio Lacort,

Pablo Ibañez, Víctor Moreno, Fernando Mikelarena, José Ramón Urtasun, Carlos Martínez, Txema Aranaz.

EL OBISPO Y LA VIOLENCIA SIMBÓLICA

Estos últimos días, hemos visto cómo una vez más el poder político y el religioso se han confabulado para responder al Ayuntamiento de Pamplona en relación con las exhumaciones en los Caídos de los restos de los militares golpistas Mola y Sanjurjo. Una imagen que en un Estado no confesional ya debería haber pasado a mejor recaudo.

Por un lado, Jorge Fernández Díaz, ministro del interior en funciones, afirmó recientemente en Pamplona que “hay que mirar al futuro y que hay algunos que pretenden ganar la guerra civil 40 años o no sé cuántos años después de haber terminado en el 39”. Formidable descubrimiento en un cerebro que todavía no ha salido del Cretácico en cuando a pensamiento político se refiere.

Por otro, el obispo, ha hecho sus particulares alegaciones contra el expediente de clausura de la cripta del Monumento a los Caídos, defendiendo que los militares perjuros sigan pernoctando en dicho lugar como si se tratara de dos beneméritos y generosos filántropos, a los que Navarra debiera algo. Sabemos que, en efecto, hay una Navarra que debe mucho a estos militares, pues gracias a ellos asentaron sus conocidos patrimonios. Pero también es cierto que hay otra Navarra que sabe que estos individuos fueron los causante de mucho dolor, de mucho sufrimiento y mucha tristeza. Los primeros pertenecen al ámbito de los verdugos; los segundos, al de sus víctimas.

El obispo, excapellán castrense, tiene que saberlo mejor que nadie: Mola y Sanjurjo fueron golpistas. El segundo reincidente y el primero, un individuo que solo podrá figurar en una guía oficial de genocidas impenitentes. Ambos se rebelaron contra un Gobierno democrático, elegido por sufragio universal y por voluntad popular.

Esto no significa que el único responsable, grande y libre del genocidio perpetrado en Navarra fuese Mola Vidal. Fue el vértice de una pirámide formada por carlistas y falangistas, pero, también, aupado por las oligarquías socioeconómicas de la provincia. No en vano estas oligarquías dirigieron la limpieza política, marcando sus tiempos y su depuración selectiva. Gómez Itoiz desde la Junta Superior de Educación y Martínez Morentin desde la poderosa Junta Central Carlista de Guerra deben mucho a esa limpieza a la que se entregaron con fornicularia obsesión. La draconiana campaña de limpieza política llevada a cabo en Navarra en comparación con Alava, indica la brutalidad sin paliativos de los agentes represivos operados en nuestra provincia. En ambas comunidades, la primacía del tradicionalismo y de los conservadores era parecida. En Álava, hubo 190 asesinatos con una población tres veces inferior, por lo que la magnitud de la tragedia fue cinco veces menor que en Navarra.

Pero hay más. El papel de la Iglesia católica en aquel proceso represivo fue capital, y el titular de la diócesis actual sabe, también, que la conferencia episcopal proporcionó fundamento teológico al argumentario golpista, presentando la sublevación armada contra el orden constitucional como una santa Cruzada. Dios quedaría convertido en la mejor excusa que borraba de un plumazo cualquier mancha de pecado, de barbarie, de crueldad y de genocidio. Así, asentaron su cooperación en la sistemática degradación de los llamados desafectos al Glorioso Alzamiento Nacional. La humillación política, humana y moral de los asesinados fue una infamia, en la que colaboraría de un modo atroz el llamado Boletín del Cuartel del Generalísimo, alias el periódico de Cordovilla. La Iglesia, junto con el poder de las oligarquías socioeconómicas de Navarra, participaría en la elaboración de listas negras, que luego se convertirían en asesinados. Recuerde el obispo cómo sus homónimos Olaechea y Mateo prohibieron a los sacerdotes adherirse a la República en su circular titulada Non licet (‘no es lícito’). Y para su escarnio histórico, siempre figurará su participación en la configuración de rituales populistas de solidaridad grupal en torno a la Cruz con el único propósito de justificar al bando sublevado, mediante rezos, misas y permanentes procesiones. Pero lo más grave, lo más incívico, lo más inhumano, será siempre la estampa de sacerdotes como asesores espirituales, aceptando el asesinato de individuos que sabían mejor que no habían cometido nada ilegal.

Los argumentos del obispo son tan peregrinos como infundados, lo que resulta extraño. Pues suponemos que habrá recibido información colateral del correspondiente ministerio. Sostener que la cripta en la que se hallan los restos no es un cementerio, sino un lugar de culto, produce vergüenza ajena. Piense un momento, eminencia. ¿De culto o de cultivo de una ideología que tendría que estar excomulgada, no solo por los poderes públicos, sino por los evangelios que usted, como consagrado, recuerda una y otra vez en sus escritos?

En ese espacio de muerte, los únicos que practican cultos, de forma periódica son miembros de la denominada Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, cuya finalidad exclusiva es ensalzar el sesgado relato de los vencedores de 1936-1939. No son oraciones por las almas o las tibias de los muertos, sino una exaltación del golpismo que continúa activa en la actualidad y que persiste reivindicando dos notas esenciales de este pensamiento negacionista y equidistante.

El primero, la abstracción y olvido de los asesinados en la retaguardia navarra. Como no existieron, les asiste la absoluta impunidad en todos los órdenes. Pues lo que no ha existido, no puede ser mencionado, ni ser objeto de debate ni de responsabilidades.

El segundo, el empecinamiento cínico de presentar a los combatientes franquistas fallecidos como si se tratara de héroes, en defensa de unos valores que debería recuperar el resto de la sociedad como esencia del perfecto español. Cáigase del sicomoro, señor obispo: se trata de valores anticonstitucionales, antidemocráticos y antihumanos. Su reduccionismo histórico es alevoso, hecho con premeditación. Solo pretenden perpetuar la glorificación de unos muertos, cuya hoja de servicio es la quintaesencia del genocida.

No creemos que el ilustre casullas sea tan inocente como para no darse cuenta de la injusticia en que incurre. Por un lado, permite que la ultraderecha siga haciendo prácticas de culto ensalzando a sus muertos golpistas, y, por otro, no ha movido un dedo por conseguir que los familiares de los asesinados por los sublevados encuentren un lugar de reposo y sean honrados a pesar de los ingentes esfuerzos hechos por sus deudos y por las asociaciones memorialistas. ¿Cómo es posible que una eminencia sacra como la suya permita que dos genocidas tengan una cripta y quienes fueron asesinados por defender un orden constitucional y democráticos sigan desaparecidos por cunetas y fosas de nuestra geografía?

No sentimos decírselo, señor obispo. Así que se lo repetiremos una vez más. Ni cuando fueron asesinados, ni en la Transición, ni en la actualidad, ni la derecha navarra ni la Iglesia, se han mostrado autocríticos, sensibles, empáticos y colaborativos con la búsqueda de los restos de estos asesinados. Menos aún por hacerles un funeral gratis.

Todo lo contrario. Hoy es el día que el Arzobispado de Pamplona insiste en presentarse como «titular del derecho de usufructo a perpetuidad de la Cripta y de todos los elementos inmuebles que en ella se contienen». ¿A perpetuidad? Pues el usufructo vitalicio se puede extinguir con la simple renuncia, sin olvidar que en este caso se trata de un usufructo contra legem, pues la situación atenta contra la legislación de la Memoria por escuálida que sea.

Que la jerarquía católica de Navarra se muestre partidaria del mantenimiento de la violencia simbólica, surgida tras el golpe de Estado de julio de 1936, es, cuando menos, un ultraje para quienes fueron asesinados y para sus familiares que solo buscan verdad, justicia y reparación de la mayor barbarie que ha padecido Navarra en toda su historia con el consentimiento y participación de la Iglesia.

En representación del Ateneo Basilio Lacort, Txema Aranaz, Pablo Ibáñez, Fernando Mikelarena, Carlos Martínez, Víctor Moreno, José Ramón Urtasun.

80º aniversario de una masacre

El episodio de los asesinados del Tercio de Sanjurjo fue uno de los más crueles y dramáticos en relación con el proceso de eliminación de simpatizantes de izquierda durante los primeros meses de la Guerra Civil y está especialmente vinculado a Navarra por el gran número de navarros afectados.

La Segunda Bandera de la Legión General Sanjurjo se constituyó el 1 de septiembre de 1936 en homenaje al general José Sanjurjo, muerto en accidente aéreo cuando iba a encabezar la sublevación del 18 de julio, con el fin de socorrer la zona del frente de Aragón al norte de la ciudad de Zaragoza hasta Ayerbe, donde se libraban violentos combates entre las tropas golpistas y las republicanas. Fue creada en Zaragoza en agosto de 1936 por el comandante Pedro Peñarredonda Samaniego, oficial retirado desde 1931 y que había combatido como capitán con la legión en Marruecos. Desde los últimos días de agosto las emisoras de radio zaragozanas llamaban a la población masculina a alistarse en dicha unidad. El día de la creación de la unidad la prensa local de Zaragoza publicó un llamamiento en el que se incluía explícitamente una proclama a los desafectos, a los que se proponía el ingreso en esta unidad con objeto de “hacer méritos que los rediman de su pasado”.

En la nueva unidad fueron obligados a alistarse originalmente unos 600 izquierdistas aragoneses, riojanos, sorianos y navarros a los que se les ofrecía así salvar su vida. La nueva unidad fue aprovechada por los represores navarros que ofrecieron alistarse en ella a los simpatizantes de izquierda que no habían sido apresados ni asesinados y que no habían marchado todavía al frente por no tocarles el reemplazo correspondiente o por negarse a marchar voluntarios. Por lo general, se convocó a aquellas personas de cada pueblo a una reunión en el ayuntamiento, en el Centro de Falange, e incluso en el puesto respectivo de la Guardia Civil, comunicándoseles la creación del citado Tercio e invitándoseles a alistarse para no ser fusilados. Hubo localidades en las que aquellos días se produjeron fusilamientos de varios vecinos con el fin de incentivar el alistamiento en dicha unidad de los simpatizantes de izquierda que permanecían en el pueblo. De casi treinta localidades navarras salieron voluntarios forzados para el Tercio de Sanjurjo, la mayoría de la Ribera. En algunas localidades hubo vecinos que les insultaron y les desearon destinos funestos. Quienes les conducían llevaban listados con anotaciones con calificaciones políticas para cada uno.

En 1976, José María Jimeno Jurío y el sartagudés Salvador de Miguel pudieron conocer los pormenores de lo sucedido en una entrevista que mantuvieron con el general Arazuri, que cuarenta años atrás había sido teniente del Tercio de Sanjurjo, y que fue grabada a escondidas por el primero. También obtuvieron datos del único superviviente de la matanza, el marcillés Esteban Marín Malo, que sería entrevistado en Interviú en 1980.

Habiendo llegado a Zaragoza el día 9 de septiembre, los miembros de la unidad que habían finalizado su periodo de instrucción fueron enviados a Almúdevar el día 29 o el día 30. A la mañana siguiente, no obstante, antes de entrar siquiera en combate, toda la unidad fue devuelta a San Gregorio, siendo desarmados y encerrados en diversos barracones muchos de sus integrantes. Entre el día 2 y el día 9 de octubre se producirían fusilamientos masivos en grupos de veinte individuos. Los fusilamientos fueron en el mismo campo de a San Gregorio, a quinientos metros de la Academia General Militar. Posteriormente, los cadáveres de los muertos eran cargados en camiones-volquetes y llevados hasta el cementerio de Torrero. Los asesinados serían entre 300 y 400. Aunque algunos testimonios hablan como causa de tal fusilamiento masivo el descubrimiento de un plan de deserción colectiva, otras fuentes, en cambio, niegan que dicho plan existiera, asegurando que la noticia del complot fue un pretexto alegado por los mandos, que desconfiaban de los subordinados por los informes que tenían sobre ellos, para dar así un castigo ejemplar a los restantes.

Tras todo ello, el Tercio Sanjurjo fue disuelto el 19 de octubre e incorporados sus efectivos restantes a la 51ª División con la que luchó primero en el frente de Huesca y luego en otros frentes. En agosto de 1937 los soldados de la Sanjurjo pasarían a la XV Bandera de la Legión.

Se ha estimado que los asesinados navarros en tal matanza del campo San Gregorio ascendieron a 225, pertenecientes a 22 localidades. Su desglose, según los últimos datos aportados por Juanjo Casanova en su blog, es el siguiente: Ablitas, 2; Andosilla, 16; Arróniz, 2; Cadreita, 6; Cárcar, 18; Carcastillo, 7; Estella, 1; Funes, 4; Lerín, 1; Lodosa, 21; Marcilla, 14; Mélida, 16; Mendavia, 2; Monteagudo, 3; Murillo el Fruto, 12; Olite, 14; Peralta, 1; Pitillas, 13; Sangüesa, 15; Santacara, 4; Sartaguda, 44; Sesma, 2; Tafalla, 2; Ujué, 5.

Muchos de los asesinados excedían las edades de los reemplazos objeto de movilización obligatoria, por lo que fueron invitados a ir a una guerra a la que en términos legales no estaban convocados, siendo objeto de una masacre que solamente puede entenderse como un fusilamiento diferido masivo fuera del entorno navarro.

La entidad de los hechos que traemos a colación, y de los que se cumplen estos días su ochenta aniversario, hace que sea oportuno solicitar a las instituciones representativas de los territorios de la mayoría de los asesinados (Parlamento de Navarra, Parlamento de La Rioja, Cortes de Aragón, así como Ayuntamiento de Zaragoza), la adopción de un acuerdo relativo a la instalación de un monumento conmemorativo de homenaje a las víctimas en los terrenos en los que sucedieron los hechos, que debería ser sufragado por los gobiernos autonómicos y en el que deberían constar los nombres de las mismas.

En representación del Ateneo Basilio Lacort, Fernando Mikelarena, Víctor Moreno, José Ramón Urtasun, Pablo Ibáñez, Carlos Martínez, Txema Aranaz